La Asamblea Nacional de El Salvador decidió ampliar el martes por vigésimo quinta ocasión el régimen de excepción que suspende algunas garantías constitucionales con el supuesto objetivo de facilitar el combate a las pandillas por parte de las fuerzas de seguridad.

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Con 67 votos del partido oficialista Nuevas Ideas (NI) y de sus aliados, el Parlamento aprobó otra vez la ampliación por un plazo de 30 días más, sin que mediara discusión previa.

La iniciativa, del Consejo de Ministros del Gobierno, acumula unas 79.211 detenciones de presuntos pandilleros o colaboradores de las llamadas “maras”.

Según el texto publicado por el legislativo: “Es necesario prolongar dicho régimen de excepción, en lo referente a las medidas extraordinarias, vinculadas a la limitación de derechos”, ya que «aún permanecen miembros terroristas y sus liderazgos en libertad», pues “persiste la amenaza de actuación criminal» de estas organizaciones delincuenciales.

Algunas de las garantías constitucionales suspendidas son la defensa de oficio de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y además se prolonga la detención provisional hasta por 15 días, cuando normalmente era de tres. Las muertes de detenidos bajo custodia estatal superan las 200.

Un centenar de familiares de personas detenidas se manifestaron en San Salvador para pedir que se suspendan las detenciones arbitrarias, defender la inocencia de sus parientes y denunciar atropellos. En ese sentido, organizaciones humanitarias han recibido más de 6.000 denuncias de violaciones a derechos humanos, por detenciones arbitrarias y torturas.

Esta prerrogativa del gobierno de Nayib Bukele, surgió a partir del asesinato de más de 80 personas a manos de las maras, hecho que conmocionó a la sociedad salvadoreña y coadyuvó a la ruptura de cierto pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.

No obstante, organismos internacionales de derechos humanos, profundamente críticos con las decisiones del ejecutivo salvadoreño en materia de seguridad interna, como Amnistía Internacional, advierten que la violencia de las pandillas se ha visto sustituida por la de las fuerzas policiales, sobre todo en las comunidades empobrecidas.

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